La noche del 12 de junio de 2026, el presidente Donald Trump anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y señalado como fundador del Tren de Aragua. Según la versión oficial, un ataque del Comando Sur destruyó la vivienda donde se escondía, en Las Claritas, una localidad minera del estado Bolívar, al sur de Venezuela. Trump lo llamó un «ataque cinético rápido y letal», la expresión militar para un golpe con armas guiadas a distancia, sin tropas en tierra.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez confirmó que la operación se coordinó con sus autoridades. También aclaró que en ningún momento hubo soldados estadounidenses en territorio venezolano.
Guerrero llevaba casi tres años prófugo. Había salido del Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, en septiembre de 2023, poco antes de la intervención militar del penal. Washington había declarado al Tren de Aragua organización terrorista extranjera, y esa etiqueta fue la que permitió usar fuerza militar contra sus jefes. El Departamento de Estado ofrecía cinco millones de dólares por información sobre su paradero.
El video del ataque, difundido por las autoridades estadounidenses, se repitió en noticieros de todo el continente. La lectura que se impuso fue la de un golpe definitivo. Pero los documentos que el propio gobierno estadounidense había publicado meses antes, y otros que publicó esa misma semana, cuentan otra historia.
Once meses antes
En julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como OFAC, sancionó a Guerrero y a cinco de sus lugartenientes. En esa lista estaba Wendy Marbelys Ríos Gómez, su esposa, a quien el Tesoro acusó de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
También estaba Yohan José Romero, alias Johan Petrica, cofundador de la banda. Según el Tesoro, Romero dirige las operaciones de minería ilegal en Venezuela. El Departamento de Estado ofrece hasta cuatro millones de dólares por él.
La lista mostraba una organización con tareas repartidas. Unos manejaban el dinero y otros administraban el oro. El ataque eliminó a uno solo de esos nombres. Las autoridades no han reportado la captura ni la muerte de Romero.
Dos días antes
Las Claritas no era un escondite cualquiera. Según InSight Crime, el pueblo es el feudo de Romero, que dirige allí una estructura conocida como el Sindicato de Las Claritas. Guerrero murió en el territorio del hombre que administra el oro, y ese hombre sigue prófugo.
El 10 de junio, dos días antes del ataque, la OFAC publicó un paquete de licencias sobre Venezuela. Dos de ellas, la 51B y la 54A, autorizan a empresas estadounidenses a comprar, vender, transportar, procesar y refinar oro venezolano a través de la estatal CVG Minerven. Lo que siguen prohibiendo es que esas empresas exploren o extraigan el mineral dentro de Venezuela.
Un día antes, el martes 9 de junio, las Fuerzas Armadas venezolanas habían desplegado tropas y helicópteros en el Kilómetro 88 y en Las Claritas, un movimiento que confirmaron los medios Crónica Uno y TalCual. Según Efecto Cocuyo, el operativo contó con el apoyo de Estados Unidos. La organización SOS Orinoco, que vigila la zona desde 2018, reportó que iba dirigido contra jefes de la minería ilegal, entre ellos alias Juancho. El analista Ignacio Montes de Oca, en el portal Pucará, escribió que las tropas ordenaron desalojar los principales enclaves mineros en 72 horas y quemaron balsas y plantas de extracción.
El mismo analista describe cómo gana dinero la banda en esa zona. El Tren de Aragua no extrae el oro. Según Montes de Oca, cobra a los mineros entre un 10 y un 20 por ciento por dejarlos trabajar, cobra a las moliendas entre un 15 y un 30 por ciento del oro extraído y cobra otra comisión para que el metal pueda llegar al mercado. Funciona como un sistema de impuestos, y un sistema de impuestos no muere con su recaudador. Pasa a manos de quien controle el territorio.
La pregunta que dominó la cobertura fue quién heredará el mando del Tren de Aragua. Para seguir el dinero importa otra. ¿Quién administra ahora el oro de Las Claritas, y por qué canal va a salir?
Un canal legal de exportación con mucho volumen es lo que en la Fundación Theseus llamamos un océano de dilución, un flujo de dinero legítimo tan grande que el dinero de origen ilícito se disuelve en él sin que se note. Si el oro extraído bajo el viejo sistema de cobros llega al circuito que ahora autorizan las licencias, separar el metal limpio del sucio se vuelve mucho más difícil. Las licencias exigen supervisión y reportes periódicos. ¿Quién va a verificar, mina por mina, el origen del oro que llega a Minerven?
El misil despejó el territorio. La licencia agrandó el océano.
Una red sin un solo centro
El Tren de Aragua ya no se parece a los carteles de los años ochenta, donde todo dependía de un jefe. Sus células en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos funcionan con bastante autonomía.
El mando en Venezuela, primero desde la cárcel de Tocorón y después desde la clandestinidad, recibía un porcentaje de las ganancias y daba órdenes generales. Las finanzas, la logística y el control de cada plaza quedaban en manos de jefes locales. Funciona casi como una franquicia, y por eso la muerte del fundador no frena por sí sola a las sucursales.
La organización tampoco vive de un solo negocio. Extorsiona a comerciantes, explota sexualmente a mujeres migrantes, cobra por el paso de personas en las fronteras, vende droga al menudeo y cobra sobre el oro de las minas ilegales. Cada actividad deja dinero todos los días, en montos pequeños y dispersos, y los mandos medios siguen teniendo razones para seguir.
Cuando se mata al jefe y se deja intacto el dinero, lo habitual es que un lugarteniente ocupe el puesto vacío o que la banda se parta en grupos más pequeños que pelean por el territorio o se alían con mafias locales. En ninguno de los dos casos se achica el negocio.
Lo que se ve y lo que no
Los gobiernos de la región tienen motivos para preferir las operaciones militares a la investigación financiera. Un ataque aéreo produce un resultado inmediato y una imagen para mostrar.
Seguir el dinero es otra cosa. Congelar cuentas, rastrear billeteras de criptomonedas, encontrar a los testaferros y desarmar empresas de fachada toma años de trabajo contable, y los resultados suelen llegar cuando ya gobierna otro. El misil deja una foto. La investigación financiera deja un expediente, y los expedientes no salen en televisión.
Por eso los recursos se van a los operativos, mientras la capacidad de la banda para mover y reinvertir su dinero queda casi intacta. Es esa capacidad la que le permite rearmarse después de cada golpe.
El dinero del barrio
La atención suele ponerse en el dinero que vuelve a Venezuela. Para el día a día de la banda, sin embargo, importa más lo que se lava en los países donde opera. Lo que cobra por extorsión, microtráfico y explotación sexual tiene que entrar rápido a la economía legal del barrio, porque con eso se pagan motos, armas, arriendos y sueldos.
Para lograrlo no monta grandes empresas. Se mete en los negocios pequeños. Usa flotas de domiciliarios que llevan efectivo y, de paso, vigilan y distribuyen. Usa barberías, peluquerías y puestos de comida rápida, donde casi todo se paga en efectivo y es fácil inflar las ventas en los libros.
Y usa casas de cambio y agencias de remesas que atienden a los migrantes, donde el giro honrado de un trabajador se mezcla con el dinero de la organización.
El préstamo gota a gota cierra el esquema. La banda presta efectivo a comerciantes que no consiguen crédito en un banco y cobra intereses muy altos. Así el dinero ilícito circula y además crece. Si el deudor no paga, la banda se queda con su negocio, que desde ese día le sirve de fachada con clientes, permisos e historia propios.
Lo llamativo es que esta parte del negocio no se esconde. Los préstamos de pagadiario se ofrecen en la calle, los cobradores recorren en moto las mismas cuadras a la misma hora y cualquier tendero sabe a quién le debe. La usura es un delito en Colombia. ¿Por qué, entonces, el eslabón más visible de la cadena de lavado es también el menos perseguido? ¿Qué impide seguir al cobrador hasta quien le entrega el efectivo cada mañana, y de ahí hasta quien lo recibe de vuelta?
Del efectivo a las criptomonedas
En Chile, según han informado las autoridades de ese país, varias operaciones contra redes del Tren de Aragua entre 2025 y 2026 mostraron cómo ese lavado de barrio se conecta con algo más elaborado. Las redes cambiaban pesos chilenos por USDT, una criptomoneda que mantiene el valor del dólar, para sacar el dinero del país sin pasar por los bancos.
Una de esas redes movió cerca de noventa millones de dólares. Otra, conocida como Tren del Mar, lavó unos trece millones y medio y llegó a sumar a un ejecutivo de un banco comercial.
El método se apoyaba en cientos de personas que prestaban su nombre para abrir cuentas bancarias durante unos días, y en empresas sin actividad real que justificaban los movimientos. El dinero entraba como producto de la extorsión o de la minería ilegal y salía convertido en activos digitales, muy difíciles de congelar con la orden de un juez de un solo país.
Colombia y el dinero que sí se persigue
En Colombia, la organización ya perdió piezas importantes. Larry Álvarez Núñez, alias Larry Changa, el tercer cofundador, está preso en Bogotá desde junio de 2024. En septiembre de este año, las autoridades capturaron a alias El Coti y alias El Patón, dos cabecillas que figuran en la lista de sancionados de la OFAC.
Este 30 de septiembre, según la agencia EFE, el Tesoro sancionó a una red financiera de diez personas vinculada a un esquema de fraude del Tren de Aragua, y a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho, señalado como jefe de las operaciones de la banda en varios países de Sudamérica.
Juancho no es un nombre cualquiera en esta historia. Según Crónica Uno, es uno de los principales jefes de la minería ilegal en Las Claritas y el Kilómetro 88, y es de origen colombiano. Según SOS Orinoco, era uno de los objetivos del operativo del 9 de junio. Tres meses y medio después de que lo buscaran con helicópteros en el territorio del oro, el Tesoro lo sanciona. ¿Dónde está hoy, y quién cobra en su lugar?
Golpear las finanzas exigiría que las unidades de inteligencia financiera de Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Estados Unidos compartieran información de forma permanente. Las rupturas diplomáticas, las diferencias políticas y la corrupción dentro de los propios Estados lo impiden. Una transferencia tarda segundos. Un exhorto, la solicitud formal que un juez envía a otro país, puede tardar meses.
Lo que queda por responder
¿Quién cobra hoy los impuestos sobre el oro de Las Claritas? ¿Cómo salió del cerco militar el hombre que controlaba el territorio donde murió Guerrero? ¿Qué garantiza que el oro que llegue a Minerven bajo las nuevas licencias no fue extraído bajo el sistema de cobros de la banda? ¿Por qué las sanciones financieras llegaron meses después del misil, si los nombres del oro ya estaban identificados desde junio? ¿Por qué las redes de pagadiario, que operan a plena luz, no se investigan como parte de la cadena de lavado?
En Las Claritas cayó el fundador. ¿Quién cobra ahora?
La Fundación Theseus seguirá el rastro del oro de Las Claritas.
